El retraso de la normativa de claridad regulatoria en Estados Unidos mantiene la inversión en vilo, mientras Europa convierte MiCA en un filtro de licencias y verificación que encarece la operativa. La quiebra de un gran pool de minería y la reclamación de 623 BTC por presuntas liquidaciones forzadas subrayan riesgos operativos y legales, en un entorno donde la gobernanza técnica y la fricción de uso frenan la adopción.
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